El aliado que no quiso suicidarse: el PT frente a la reforma electoral de Sheinbaum

La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum demostró que las derrotas que ocurren dentro de la propia coalición suelen ser más significativas que las padecidas con la oposición. Al mismo tiempo, evidenció que incluso con una amplia mayoría en el Congreso, el Ejecutivo enfrenta límites cuando intenta modificar las reglas que permiten la supervivencia de sus aliados.

Claramente, la propuesta original era ambiciosa, puesto que metía mano en zonas especialmente sensibles del sistema político: el diseño de la representación proporcional, el financiamiento público de los partidos, la comunicación política, el uso de inteligencia artificial en propaganda y la composición del Senado.

La narrativa presidencial presentaba la iniciativa como una reforma para abaratar la política, reducir privilegios y acercar la representación a la voluntad ciudadana. Pero, en política, no basta con el discurso normativo: importan también los incentivos concretos que produce una reforma. Y aquí apareció el problema central. Para Morena, la reforma podía leerse como una apuesta por reordenar el sistema desde una posición dominante. Para sus partidos aliados, especialmente el PT, podía significar otra cosa: menos financiamiento, menos margen de negociación y menos instrumentos para convertir votos dispersos en escaños.

El primer gran choque llegó el 11 de marzo, cuando la propuesta original se votó en la Cámara de Diputados. El resultado fue contundente: 259 votos a favor, 234 en contra y 1 abstención, insuficientes para alcanzar la mayoría calificada requerida por una reforma constitucional. Sin embargo, el elemento decisivo fue la negativa del PT y del PVEM —aliados de morena y de la presidenta— a acompañar plenamente el proyecto.

A partir de ese momento, la discusión dejó de ser únicamente jurídica o institucional y se volvió un problema clásico de teoría política: el comportamiento de un actor bisagra. Desde la perspectiva de George Tsebelis (2002), el PT funcionó como un veto player: un actor cuyo consentimiento era indispensable para modificar el statu quo. Y es que cuando un sistema exige mayorías calificadas, los partidos pequeños pueden adquirir una fuerza desproporcionada respecto de su tamaño. No porque sean más grandes, sino porque se vuelven indispensables.

Eso explica por qué el llamado Plan B no fue una continuación lineal del proyecto original, sino una versión recortada, negociada y políticamente defensiva. Tras el fracaso en Diputados, se construyó un acuerdo para mantener cohesionada a la coalición oficialista y rescatar al menos una parte de la agenda. Ese acuerdo buscó comprometer a Morena, PT y PVEM a respaldar una nueva ruta legislativa. Pero esa nueva ruta ya no respondía al impulso transformador inicial; respondía, más precisamente, al cálculo de daños.

El Plan B llegó al Senado y pasó primero por comisiones, donde obtuvo un primer aval, aunque el PT mantuvo reservas. El punto más sensible ahora recaía en la modificación al artículo 35 para empatar la revocación de mandato con la elección intermedia de 2027, un movimiento que la oposición denunció como una manera de convertir la consulta en plataforma de campaña y que el PT percibió como un riesgo de concentración política a favor de Morena.

Finalmente, el 26 de marzo, el Senado aprobó el Plan B en lo general con 86 votos a favor y 42 en contra —exactamente las 2/3 partes requeridas—, pero ya profundamente mutilado. El PT respaldó el proyecto en términos generales, aunque se separó del núcleo más polémico y empujó la eliminación del cambio sobre revocación de mandato. El resultado fue una reforma reducida a tres materias: ajustes en ayuntamientos, límites al gasto de congresos locales y reglas salariales para altos funcionarios electorales. La llamada “gran” reforma terminó convertida en una reforma menor.

¿Qué hizo en realidad el PT? Desde una lectura ingenua, podría decirse que traicionó a la coalición. Desde una lectura más seria, hizo exactamente lo que hacen los partidos pequeños cuando quieren seguir existiendo.

Aquí vale la pena recuperar a Kaare Strøm (1990), quien explicó que los partidos persiguen de manera combinada tres tipos de objetivos: policy-seeking (influir en las políticas públicas), vote-seeking (maximizar votos) y office-seeking (conseguir cargos y posiciones de poder). Por tanto, cuando una reforma amenaza las bases materiales y electorales de su reproducción, un partido racional no se comporta como apéndice del aliado mayoritario; se comporta como organización que busca sobrevivir.

Y aquí el marco teórico importa mucho, pues, para un partido como el PT, la representación proporcional no es un lujo: es un mecanismo de existencia. El financiamiento público no es sólo dinero: es estructura, territorialidad, operación, cuadros, permanencia. La literatura sobre el partido cartel ha mostrado justamente eso: que los partidos modernos dependen en gran medida de reglas estatales y recursos públicos para sostener su posición competitiva (Katz y Mair, 1995). Así que tocar esa serie de reglas es más que “reformar la democracia”: es redistribuir poder entre quienes [sobre]viven de ella.

Por eso el comportamiento del PT no debe leerse como una anomalía; es una racionalidad. Acompañó a Sheinbaum hasta donde podía hacerlo sin ponerse en riesgo. Respaldó la coalición, pero no aceptó pagar con su propia irrelevancia. Es más, el episodio dejó un recordatorio incómodo para Morena, esto es, que los aliados no son decoración. Mientras la coalición necesite sus votos para alcanzar umbrales constitucionales, también necesitará negociar con sus intereses, sus temores y sus costos.

La lección es elemental: nadie vota serenamente por su propia extinción. El PT no frenó la reforma por convicción democrática pura ni por una súbita vocación garantista. La frenó porque entendió que, tal como estaba diseñada, la iniciativa fortalecía al socio hegemónico y debilitaba a quienes —todavía— le sirven de aliados.

Esta historia devela con meridiana claridad que las coaliciones gobernantes suelen vender unidad cuando en realidad administran tensiones. Y esas tensiones se vuelven visibles, sobre todo, cuando entran al terreno donde la política deja de discutir fines nobles y empieza a discutir algo más crudo: quién conserva recursos, representación y capacidad de negociación para el siguiente reparto del poder. La reforma electoral de Sheinbaum quiso presentarse como una corrección institucional. El PT la leyó, con bastante frialdad, como una disputa por la supervivencia. Y probablemente tuvo razón.

Referencias:

• Katz, R. S., y Mair, P. (1995). Changing models of party organization and party democracy: The emergence of the cartel party. Party Politics, 1(1), 5-28.

• Strøm, K. (1990). A behavioral theory of competitive political parties. American Journal of Political Science, 34(2), 565-598.

• Tsebelis, G. (2002). Veto players: How political institutions work. Princeton University Press.