Cables submarinos, nubes digitales, centros de datos y algoritmos sostienen una parte creciente de la vida pública. El poder contemporáneo también se juega en las infraestructuras que casi nadie ve. Hay formas de poder que se anuncian con banderas, discursos, escoltas y ceremonias. Otras operan en silencio. Están bajo el mar, dentro de centros de datos, en regiones de nube, en fábricas de semiconductores, en sistemas de ciberseguridad y en algoritmos que administran la visibilidad de la vida pública. Durante buena parte de la modernidad, pensar el poder significó mirar hacia el Estado: presidentes, congresos, tribunales, ejércitos, policías y burocracias. Esa mirada conserva plena vigencia. El Estado mantiene capacidades jurídicas, fiscales, coercitivas y simbólicas que ningún actor privado posee por completo. Aun así, la vida contemporánea agregó una capa decisiva: la infraestructura digital. Una parte creciente de la economía, la administración pública, la comunicación social, los pagos, la seguridad y la deliberación política depende de redes privadas, globales y altamente concentradas. La pregunta ya no puede formularse únicamente como “¿quién gobierna?”. Conviene agregar otra: ¿quién puede interrumpir el funcionamiento ordinario del mundo? I. El poder como estructura La ciencia política y la economía política internacional ofrecen herramientas útiles para entender este fenómeno. Susan Strange sostuvo que el poder no consiste únicamente en obligar a otros a hacer algo; también consiste en configurar las estructuras dentro de las cuales los demás actúan. A esa capacidad la llamó poder estructural. Su argumento es importante porque desplaza la atención desde la orden visible hacia las condiciones profundas que organizan los márgenes de acción de Estados, empresas y sociedades (Strange, 1988). Michael Mann, desde la sociología histórica, distinguió entre poder despótico y poder infraestructural. El primero alude a la capacidad de una autoridad para imponer decisiones; el segundo se refiere a la capacidad de penetrar el territorio y coordinar la vida social mediante redes, instituciones, información y organización (Mann, 1984). Esta distinción ayuda a leer el presente: quien administra infraestructuras críticas puede condicionar la vida colectiva sin ocupar formalmente el gobierno. En el mundo digital, estas ideas adquieren una actualidad evidente. Las plataformas y proveedores tecnológicos han acumulado una forma de poder que Maryanne Kelton, Michael Sullivan, Zac Rogers, Emily Bienvenue y Sian Troath han descrito como soberanía virtual: una capacidad privada para organizar entornos digitales, extraer datos, modelar conducta y afectar funciones tradicionalmente asociadas a la soberanía estatal (Kelton et al., 2022). II. Bajo el mar: la política de los cables submarinos La imagen común de internet suele ser aérea: satélites, señales inalámbricas, ondas invisibles. La realidad material es más terrestre y submarina. La Unión Internacional de Telecomunicaciones estima que los cables submarinos transportan aproximadamente el 99% del tráfico mundial de internet y permiten servicios críticos como transacciones financieras, computación en la nube y comunicaciones gubernamentales (International Telecommunication Union [ITU], 2026). La infraestructura digital global descansa, entonces, sobre rutas físicas extensas, costosas, vulnerables y estratégicas. Un cable submarino puede tomar más de dos años desde su diseño hasta su operación. Su reparación depende de buques especializados, permisos, ventanas climáticas, ubicación geográfica y coordinación entre empresas y Estados. La fragilidad no proviene únicamente de sabotajes. También aparece por anclas, pesca, envejecimiento, movimientos geológicos y errores operativos. Aquí surge una consecuencia política: la soberanía ya no puede pensarse únicamente como control jurídico del territorio. También implica capacidad para proteger, diversificar y comprender las rutas por donde circulan datos, finanzas, comunicaciones estatales y servicios esenciales. El mar se convirtió en una extensión silenciosa del espacio político. III. La nube y el poder de la dependencia La nube suele imaginarse como algo liviano. Su nombre ayuda al engaño. En términos materiales, la nube está hecha de edificios, servidores, electricidad, fibra óptica, refrigeración, software, regiones geográficas, contratos y protocolos técnicos. Su fuerza política proviene de una combinación delicada: ofrece flexibilidad a millones de usuarios, al mismo tiempo que concentra capacidades críticas en pocos proveedores. Synergy Research Group estimó que el gasto empresarial mundial en infraestructura de nube alcanzó 119.1 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025. En ese periodo, Amazon Web Services tuvo 28% del mercado global, Microsoft 21% y Google 14%. En la nube pública, los tres proveedores concentraron 68% del mercado (Synergy Research Group, 2026). Esta concentración no significa control absoluto del mundo digital. Significa asimetría operativa. Gobiernos, bancos, universidades, hospitales, medios, empresas y plataformas pueden depender de regiones, bases de datos, servicios de identidad, APIs y arquitecturas administradas por empresas privadas. Migrar de proveedor puede ser caro, lento o técnicamente complejo. Justice Opara-Martins, Reza Sahandi y Feng Tian estudiaron este problema bajo el concepto de vendor lock-in: la situación en la que un usuario queda atado a un proveedor por falta de estándares, baja interoperabilidad, costos de migración, dependencia contractual o incompatibilidades técnicas (Opara-Martins et al., 2016). En términos políticos, el encierro tecnológico convierte una decisión administrativa en una relación de dependencia. IV. Cuando falla una pieza, aparece la arquitectura Las grandes caídas tecnológicas permiten observar lo que normalmente permanece oculto. El caso CrowdStrike, en julio de 2024, mostró que una actualización defectuosa de software de ciberseguridad podía producir impactos globales. Microsoft estimó que la falla afectó 8.5 millones de dispositivos Windows. La cifra representó menos del 1% del total de equipos Windows, aunque el impacto fue amplio por el uso de CrowdStrike en organizaciones que operan servicios críticos (Microsoft, 2024). El episodio de Cloudflare del 18 de noviembre de 2025 reveló otra capa de fragilidad. La empresa informó que una modificación en permisos de base de datos generó un archivo de características más grande de lo esperado para su sistema de gestión de bots. Ese archivo se propagó por su red y produjo fallas importantes en la entrega de tráfico. Cloudflare aclaró que el incidente no fue causado por un ciberataque (Prince, 2025). Estos episodios tienen una enseñanza común: la vulnerabilidad digital no requiere siempre un enemigo externo. Puede emerger de una actualización, una automatización defectuosa, una configuración mal evaluada, una región crítica o una dependencia en cascada. La infraestructura falla como sistema, y cuando lo hace muestra la trama de interdependencias que sostiene la vida cotidiana. V. Chips, energía y centros de datos: la materialidad del mundo digital El poder digital depende de una cadena material más amplia. Detrás de cada algoritmo hay semiconductores. Detrás de cada modelo de inteligencia artificial hay centros de datos. Detrás de cada centro de datos hay electricidad, agua, suelo, permisos, redes de transmisión y cadenas de suministro. La Agencia Internacional de Energía reportó que la demanda eléctrica de los centros de datos aumentó 17% en 2025, mientras la de los centros enfocados en inteligencia artificial creció a un ritmo todavía mayor. La misma agencia estima que el consumo eléctrico de los centros de datos podría duplicarse hacia 2030, y que el consumo de los enfocados en IA podría triplicarse (International Energy Agency [IEA], 2026). Este dato cambia la conversación. La infraestructura digital pertenece al campo de la política tecnológica, energética, industrial, ambiental y territorial. La inteligencia artificial intensifica esa presión. Más cómputo exige más chips. Más chips exigen cadenas de suministro sofisticadas. Más centros de datos exigen energía disponible, estable y competitiva. La nube tiene peso. La inteligencia artificial consume electricidad. Los datos ocupan espacio. El mundo digital se instala en territorios concretos. VI. El nuevo Leviatán privado La metáfora del Leviatán permite pensar el poder moderno. En Hobbes, el Leviatán era el Estado que garantizaba orden frente al miedo a la guerra civil. En el siglo XXI emerge una figura distinta: un Leviatán distribuido, contractual, corporativo e infraestructural. No reemplaza al Estado. Lo rodea, lo sostiene, lo abastece y en ocasiones lo limita. Este Leviatán opera mediante términos de servicio, estándares técnicos, acuerdos de nivel de servicio, APIs, centros de datos, cables, chips, capas de seguridad y sistemas de recomendación. Su autoridad no proviene del voto. Proviene de la dependencia. La ciudadanía lo percibe cuando una aplicación deja de funcionar. El gobierno lo percibe cuando un trámite digital se interrumpe. La empresa lo percibe cuando su operación depende de una región cloud. El periodista lo percibe cuando la distribución de información queda mediada por plataformas. El regulador lo percibe tarde, cuando descubre que la arquitectura técnica organizó el terreno antes de que la norma llegara. Aquí está el núcleo del problema: la infraestructura digital se volvió una forma de poder público gestionado por actores privados. VII. Soberanía digital como capacidad La respuesta no debería reducirse a nacionalismo tecnológico ni a rechazo de la nube. Sería ingenuo pensar que cada Estado puede producir por sí mismo todos los chips, cables, centros de datos, sistemas operativos, servicios cloud y plataformas que utiliza. La soberanía digital puede entenderse con mayor precisión como capacidad. Capacidad de saber de quién se depende. Capacidad de auditar proveedores. Capacidad de cambiar de servicio sin costos prohibitivos. Capacidad de mantener redundancias. Capacidad de proteger datos críticos. Capacidad de conservar funciones esenciales durante interrupciones. Capacidad de regular terceros sistémicos. Capacidad de exigir transparencia cuando una falla privada afecta servicios de interés público. En ese sentido, el debate no debe formularse como una oposición simple entre usar tecnología privada o construir tecnología estatal. La cuestión madura es otra: qué funciones críticas dependen de qué proveedor, bajo qué riesgos, con qué alternativas y con qué plan de salida. VIII. Una agenda mínima para discutir el poder digital El debate público necesita abandonar la idea de que las caídas tecnológicas son accidentes aislados. Cada interrupción importante debería abrir una investigación sobre capas de dependencia. ¿Falló una aplicación, un proveedor de nube, una región, un servicio de identidad, un CDN, un cable, una actualización de seguridad, un sistema de pagos, una red eléctrica o una cadena de semiconductores? También hace falta pensar la infraestructura digital como asunto democrático. La ciudadanía puede votar gobiernos, castigar partidos y exigir cuentas a autoridades. Resulta mucho más difícil exigir responsabilidad a proveedores globales cuya operación afecta servicios públicos, mercados y conversaciones políticas. Esa distancia entre impacto público y control democrático es una de las tensiones centrales del siglo XXI. Una agenda seria de gobernanza digital tendría que incluir inventarios públicos de dependencias críticas, estándares de interoperabilidad, cláusulas obligatorias de portabilidad, auditorías de resiliencia, planes de continuidad operativa, supervisión de terceros críticos, capacidades técnicas estatales y reglas claras para reportar incidentes con impacto social. La dependencia no desaparece por decreto. Puede volverse visible, negociable y gobernable. Conclusión: mirar donde fluye el poder La política moderna enseñó a mirar instituciones: presidencias, parlamentos, tribunales, partidos, ejércitos. La política contemporánea exige mirar infraestructuras: cables, nubes, chips, centros de datos, plataformas, algoritmos, energía y sistemas de ciberseguridad. El poder del siglo XXI circula por esos espacios. Se concentra allí donde pasan los datos, donde se aloja la información, donde se calcula la inteligencia artificial, donde se filtra el tráfico, donde se autoriza un pago, donde se valida una identidad, donde se recomienda un contenido y donde se sostiene la continuidad de servicios esenciales. Cuando se cae la red, aparece una verdad incómoda: buena parte de nuestra vida pública depende de estructuras que casi nadie ve, que pocos entienden y que muy pocos pueden controlar. Por eso, la pregunta decisiva no es únicamente quién manda.La pregunta decisiva es quién sostiene la infraestructura sin la cual nadie puede mandar. Referencias Cloudflare. (2025, 18 de noviembre). Interrupción del servicio de Cloudflare el 18 de noviembre de 2025. International Energy Agency. (2026, 16 de abril). Data centre electricity use surged in 2025, even with tightening bottlenecks driving a scramble for solutions. International Telecommunication Union. (2026). Submarine cable resilience. Kelton, M., Sullivan, M., Rogers, Z., Bienvenue, E., & Troath, S. (2022). Virtual sovereignty? Private internet capital, digital platforms and infrastructural power in the United States. International Affairs, 98(6), 1977–1999. doi:10.1093/ia/iiac226. Mann, M. (1984). The autonomous power of the state: Its origins, mechanisms and results. European Journal of Sociology / Archives Européennes de Sociologie, 25(2), 185–213. doi:10.1017/S0003975600004239. Microsoft. (2024, 20 de julio). Helping our customers through the CrowdStrike outage. Opara-Martins, J., Sahandi, R., & Tian, F. (2016). Critical analysis of vendor lock-in and its impact on cloud computing migration: A business perspective. Journal of Cloud Computing, 5, Article 4. doi:10.1186/s13677-016-0054-z. Strange, S. (1988). States and markets. Pinter Publishers. Synergy Research Group. (2026, 5 de febrero). GenAI helps drive quarterly cloud revenues to $119 billion as growth rate jumped yet again in Q4.

A veces me he sentido mal por ser feliz. No porque mi felicidad sea falsa. No porque no la sienta. Al contrario: quizá precisamente porque la siento de una forma tan sencilla, tan íntima, tan poco espectacular, que me sorprende no encontrarla en las grandes imágenes con las que nos enseñaron a medir la vida. Nos dijeron, de muchas formas, que la felicidad tenía una forma reconocible: éxito, dinero, belleza, prestigio, admiración, seguridad absoluta, una vida impecable que pudiera mostrarse sin grietas. Nos hicieron creer que ser feliz era llegar a un lugar donde ya no faltara nada, donde todo encajara, donde los demás pudieran mirar nuestra vida y decir: “sí, esa persona tiene razones para ser feliz”. Pero ¿qué pasa cuando uno es feliz sin tener todo eso? ¿Qué pasa cuando la felicidad aparece en medio de una vida todavía incompleta, con dudas, con carencias, con pendientes, con heridas, con días difíciles? ¿Qué pasa cuando uno descubre que puede sentirse en paz aunque no sea rico, aunque no se considere especialmente guapo, aunque no haya escrito libros, viajado por el mundo ni cumplido todas las expectativas que la gente suele asociar con una vida lograda? A veces esa felicidad incomoda. No porque sea poca, sino porque parece no estar autorizada. Como si una voz interna dijera: “todavía no deberías sentirte así”. Como si hubiera que ganarse el derecho a estar tranquilo. Como si la alegría tuviera requisitos. Como si estar bien, sin haber conquistado todo lo que se supone que uno debe conquistar, fuera una forma de conformismo. Y ahí aparece una pregunta punzante: ¿estoy siendo feliz o me estoy conformando? Quizá esa pregunta nace de una trampa. Porque nos acostumbraron a pensar que toda felicidad que no sea ambiciosa, ruidosa o socialmente validada es sospechosa. Que si no duele, no cuenta. Que si no produce admiración, no vale. Que si no se puede presumir, entonces no es suficiente. Pero tal vez hay una felicidad más profunda que no necesita parecerse al éxito. Una felicidad que no consiste en tenerlo todo, sino en reconciliarse un poco con lo que se es. Una felicidad que no niega el deseo de mejorar, pero tampoco convierte la vida presente en una sala de espera. Una felicidad que no cancela la ambición, pero se niega a vivir eternamente castigada por lo que todavía falta. Quizá ser feliz no siempre significa haber llegado. A veces significa dejar de odiar el lugar desde donde uno camina. Y eso no es conformarse. Conformarse sería renunciar a crecer por miedo. Pero estar en paz con uno mismo, aun sabiendo que todavía hay mucho por construir, puede ser una forma de libertad. Una libertad silenciosa, difícil, casi contracultural: la de no pedirle permiso al mundo para sentirse agradecido por la propia vida. Tal vez la felicidad real no siempre se parece a una vida perfecta. A veces se parece a una tarde tranquila. A una conversación honesta. A una risa que llega sin avisar. A dormir tranquilo. A mirar lo que somos, con todo y nuestras limitaciones, y no sentir vergüenza. Y quizá eso es lo que más cuesta aceptar: que podemos ser felices antes de convertirnos en esa versión idealizada que nos prometieron que algún día merecería ser amada, admirada o aceptada. Tal vez no hay que esperar a ser más rico, más influyente, más exitoso o más completo para concedernos un poco de paz. Tal vez la felicidad también empieza cuando dejamos de medir nuestra vida con los deseos que otros sembraron en nosotros. Y entonces uno entiende algo muy sencillo, pero muy profundo: ser feliz sin tenerlo todo no es conformarse. A veces es, apenas, empezar a vivir. Y quizá darse cuenta de eso es una forma íntima de poder. No el poder de dominar a otros. No el poder de aparentar una vida perfecta. No el poder de demostrarle al mundo que uno merece estar bien. Sino un poder más difícil y más profundo: el poder de conocerse, de mirarse sin tanta crueldad, de distinguir entre la ambición propia y el deseo ajeno, de no convertir la vida en una deuda permanente. Porque tal vez el poder más importante no consiste en conquistar todo lo que nos dijeron que debíamos ser. Tal vez empieza cuando dejamos de pedir permiso para estar en paz con lo que somos.

La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum demostró que las derrotas que ocurren dentro de la propia coalición suelen ser más significativas que las padecidas con la oposición. Al mismo tiempo, evidenció que incluso con una amplia mayoría en el Congreso, el Ejecutivo enfrenta límites cuando intenta modificar las reglas que permiten la supervivencia de sus aliados. Claramente, la propuesta original era ambiciosa, puesto que metía mano en zonas especialmente sensibles del sistema político: el diseño de la representación proporcional, el financiamiento público de los partidos, la comunicación política, el uso de inteligencia artificial en propaganda y la composición del Senado. La narrativa presidencial presentaba la iniciativa como una reforma para abaratar la política, reducir privilegios y acercar la representación a la voluntad ciudadana. Pero, en política, no basta con el discurso normativo: importan también los incentivos concretos que produce una reforma. Y aquí apareció el problema central. Para Morena, la reforma podía leerse como una apuesta por reordenar el sistema desde una posición dominante. Para sus partidos aliados, especialmente el PT, podía significar otra cosa: menos financiamiento, menos margen de negociación y menos instrumentos para convertir votos dispersos en escaños. El primer gran choque llegó el 11 de marzo, cuando la propuesta original se votó en la Cámara de Diputados. El resultado fue contundente: 259 votos a favor, 234 en contra y 1 abstención, insuficientes para alcanzar la mayoría calificada requerida por una reforma constitucional. Sin embargo, el elemento decisivo fue la negativa del PT y del PVEM —aliados de morena y de la presidenta— a acompañar plenamente el proyecto. A partir de ese momento, la discusión dejó de ser únicamente jurídica o institucional y se volvió un problema clásico de teoría política: el comportamiento de un actor bisagra . Desde la perspectiva de George Tsebelis (2002), el PT funcionó como un veto player : un actor cuyo consentimiento era indispensable para modificar el statu quo. Y es que cuando un sistema exige mayorías calificadas, los partidos pequeños pueden adquirir una fuerza desproporcionada respecto de su tamaño. No porque sean más grandes, sino porque se vuelven indispensables. Eso explica por qué el llamado Plan B no fue una continuación lineal del proyecto original, sino una versión recortada, negociada y políticamente defensiva. Tras el fracaso en Diputados, se construyó un acuerdo para mantener cohesionada a la coalición oficialista y rescatar al menos una parte de la agenda. Ese acuerdo buscó comprometer a Morena, PT y PVEM a respaldar una nueva ruta legislativa. Pero esa nueva ruta ya no respondía al impulso transformador inicial; respondía, más precisamente, al cálculo de daños. El Plan B llegó al Senado y pasó primero por comisiones, donde obtuvo un primer aval, aunque el PT mantuvo reservas. El punto más sensible ahora recaía en la modificación al artículo 35 para empatar la revocación de mandato con la elección intermedia de 2027, un movimiento que la oposición denunció como una manera de convertir la consulta en plataforma de campaña y que el PT percibió como un riesgo de concentración política a favor de Morena. Finalmente, el 26 de marzo, el Senado aprobó el Plan B en lo general con 86 votos a favor y 42 en contra —exactamente las 2/3 partes requeridas—, pero ya profundamente mutilado. El PT respaldó el proyecto en términos generales, aunque se separó del núcleo más polémico y empujó la eliminación del cambio sobre revocación de mandato. El resultado fue una reforma reducida a tres materias: ajustes en ayuntamientos, límites al gasto de congresos locales y reglas salariales para altos funcionarios electorales. La llamada “gran” reforma terminó convertida en una reforma menor. ¿Qué hizo en realidad el PT? Desde una lectura ingenua, podría decirse que traicionó a la coalición. Desde una lectura más seria, hizo exactamente lo que hacen los partidos pequeños cuando quieren seguir existiendo. Aquí vale la pena recuperar a Kaare Strøm (1990), quien explicó que los partidos persiguen de manera combinada tres tipos de objetivos: policy-seeking (influir en las políticas públicas), vote-seeking (maximizar votos) y office-seeking (conseguir cargos y posiciones de poder). Por tanto, cuando una reforma amenaza las bases materiales y electorales de su reproducción, un partido racional no se comporta como apéndice del aliado mayoritario; se comporta como organización que busca sobrevivir. Y aquí el marco teórico importa mucho, pues, para un partido como el PT, la representación proporcional no es un lujo: es un mecanismo de existencia. El financiamiento público no es sólo dinero: es estructura, territorialidad, operación, cuadros, permanencia. La literatura sobre el partido cartel ha mostrado justamente eso: que los partidos modernos dependen en gran medida de reglas estatales y recursos públicos para sostener su posición competitiva (Katz y Mair, 1995). Así que tocar esa serie de reglas es más que “reformar la democracia”: es redistribuir poder entre quienes [sobre]viven de ella. Por eso el comportamiento del PT no debe leerse como una anomalía; es una racionalidad. Acompañó a Sheinbaum hasta donde podía hacerlo sin ponerse en riesgo. Respaldó la coalición, pero no aceptó pagar con su propia irrelevancia. Es más, el episodio dejó un recordatorio incómodo para Morena, esto es, que los aliados no son decoración. Mientras la coalición necesite sus votos para alcanzar umbrales constitucionales, también necesitará negociar con sus intereses, sus temores y sus costos. La lección es elemental: nadie vota serenamente por su propia extinción. El PT no frenó la reforma por convicción democrática pura ni por una súbita vocación garantista. La frenó porque entendió que, tal como estaba diseñada, la iniciativa fortalecía al socio hegemónico y debilitaba a quienes —todavía— le sirven de aliados. Esta historia devela con meridiana claridad que las coaliciones gobernantes suelen vender unidad cuando en realidad administran tensiones. Y esas tensiones se vuelven visibles, sobre todo, cuando entran al terreno donde la política deja de discutir fines nobles y empieza a discutir algo más crudo: quién conserva recursos, representación y capacidad de negociación para el siguiente reparto del poder. La reforma electoral de Sheinbaum quiso presentarse como una corrección institucional. El PT la leyó, con bastante frialdad, como una disputa por la supervivencia. Y probablemente tuvo razón. Referencias: Katz, R. S., y Mair, P. (1995).  Changing models of party organization and party democracy: The emergence of the cartel party. Party Politics, 1 (1), 5-28. Strøm, K. (1990).  A behavioral theory of competitive political parties. American Journal of Political Science, 34 (2), 565-598. Tsebelis, G. (2002).   Veto players: How political institutions work . Princeton University Press.

Durante mucho tiempo se dijo que la política consistía en representación, deliberación y disputa por el poder. Hoy habría que añadir otro elemento: escenificación. Y no, no es que antes los políticos no actuaran; lo que ocurre es que las redes sociales han llevado esa actuación al centro mismo de la competencia pública como nunca antes. Al político contemporáneo ya no le basta tener ideas, estructura o capacidad de negociación; ahora también debe ser visible, legible, grabable, compartible y emocionalmente rentable. En otras palabras, debe funcionar como personaje. Y en este contexto, el concepto de política performativa  sirve para entender este cambio. Lejos de sugerir que “todo es un show” (una lectura simplista y superficial), esta perspectiva subraya que la política ha tenido siempre una dimensión inherentemente teatral, donde operan roles, rituales, escenarios, códigos, gestos que producen legitimidad. En realidad, no es una idea nueva. Desde mediados del siglo pasado, Erving Goffman (1959) desarrolló su célebre perspectiva dramatúrgica, según la cual la vida social se organiza como una puesta en escena permanente en la que los individuos interpretan y presentan versiones de sí mismos ante los demás; en tanto que Hanna Pitkin (1967) recordaba que el acto de representar en política consiste, literalmente, en “hacer presente” a alguien o algo en el espacio público, es decir, dar cuerpo y visibilidad a lo ausente. Por tanto, la pregunta de nuestro tiempo no es si la política se representa, sino cuál es el tipo de representación que premian las plataformas . Aquí entra un segundo marco clave: la mediatización de la política , misma que Strömbäck (2008) explicó como una transformación en la que los medios dejan de ser simples canales y se convierten en estructuras que moldean el comportamiento de los propios actores políticos. Bajo esta lógica, en la búsqueda de mayor posicionamiento, las figuras políticas terminan adaptando su lenguaje, sus tiempos, sus prioridades y hasta su estilo personal a las reglas del entorno mediático. Ciertamente, el paso de la televisión hacia las plataformas no suprimió ese proceso; por el contrario, lo radicalizó, puesto que, efectivamente, la política se diseña cada vez más para medios que premian brevedad, estridencia, personalización e impacto inmediato. Eso explica por qué el político promedio ha cambiado tanto. Antes se esperaba de él, sobre todo, disciplina partidista, capacidad oratoria, operación territorial y cierta solemnidad institucional. Hoy se le exige, además, una mezcla extraña que incluye espontaneidad profesional, intimidad calculada, claridad simplificada, capacidad de viralización, disponibilidad permanente, incluso ciertos atributos físicos. Ya no basta con “hablar bien y bonito”; hay que saber condensar un conflicto complejo en 20 segundos, posar sin parecer posado, indignarse sin parecer hipócrita, y parecer “del pueblo” sin perder autoridad. Y las plataformas no permanecen neutrales frente a esa transformación. Diversos estudios han documentado que los contenidos impregnados de alta carga emocional, antagonismo y definiciones identitarias claras tienden a maximizar la interacción y la circulación viral. Paralelamente, las generaciones más jóvenes obtienen una proporción creciente de su información sobre asuntos públicos de manos de figuras híbridas que difuminan las fronteras entre comentarista político, creador de contenido e influencer  (Rathje et al., 2021; Stocking et al., 2024). Benjamin Moffitt (2016) ofrece una pista especialmente útil para comprender esta mutación. Su tesis es que buena parte del populismo contemporáneo opera como estilo político performado: el líder no se limita a proponer políticas, sino que encarna una escena; no solo gobierna, sino que dramatiza el conflicto; no solo comunica, sino que construye una narrativa donde él mismo aparece como protagonista de una crisis permanente. Los casos abundan. Nayib Bukele  es uno de los ejemplos más nítidos en América Latina. Su liderazgo en El Salvador no puede entenderse sin su dimensión escénica. Su política de seguridad ha estado acompañada de una estética digital extremadamente eficaz, cargada de imágenes potentísimas (detenidos esposados y semidesnudos, videos de traslados carcelarios, tomas aéreas del CECOT convertidas en propaganda de orden, etcétera): performance del castigo. Otro ejemplo paradigmático es Javier Milei . Su icónica motosierra fue más que el símbolo de su campaña; fue, ante todo, una interfaz política con la que pudo evitar entrar en detalles técnicos de su programa; en su lugar, ofreció una imagen inequívoca y visceral de su proyecto: cercenar el gasto, acabar con la "casta" y demoler el viejo orden: performance de la ruptura. En México , el caso de Mariana Rodríguez y Samuel García  ayudó a volver visible otra transformación: por un lado, la del político influenciado por la lógica del influencer ; por otro, la del influencer  empujado hacia la política. Vale la pena destacar que, en 2024, Rest of World  reportó que Mariana Rodríguez tenía más seguidores en Instagram que los tres candidatos presidenciales juntos y que las autoridades electorales lidiaban con un marco legal que no estaba diseñado para regular este tipo de figuras híbridas (Flores, 2024). Y más todavía: ese mismo año, Jorge Álvarez Máynez fue presentado como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano en un video difundido por la pareja neolonesa, en un claro síntoma de que ya no siempre entra primero a la política quien construyó carrera partidista; a veces entra con ventaja quien ya domina el lenguaje de la viralidad. Hay, sin embargo, una precisión importante. No toda política performativa es necesariamente vacía, frívola o banal. Y Volodímir Zelenski es testimonio de ello, toda vez que, al inicio de la invasión rusa, sus videos tipo selfie  desde Kiev funcionaron como una muestra efectiva de presencia, resistencia y mando, dejando ver que la teatralidad no siempre es el problema. El problema aparece cuando la escena sustituye al argumento. Y, siendo honestos, esto último suele ser la regla y no propiamente la excepción. Aun así, se debe reconocer que los partidos políticos difícilmente revertirán esta lógica, pues son al mismo tiempo partícipes y cautivos de ella, puesto que el giro en el comportamiento del político promedio es, en realidad, la consecuencia de un cambio más estructural en las expectativas ciudadanas, configuradas por las dinámicas de las plataformas. Hoy muchos electores esperan de sus líderes exposición constante, respuestas inmediatas, cierto tipo de emocionalidad... En el lenguaje del metaverso político, esperan que les emane “aura”; en términos prácticos, esa cercanía simulada, esa ilusión de intimidad que las plataformas prometen y que el político debe escenificar sin descanso. En contraste, el líder distante, técnico y parsimonioso tiende a percibirse como opaco o políticamente ineficaz. En fin... La tesis de fondo es que, si bien es evidente que las redes sociales han transformado la comunicación política, pocos han comprendido cabalmente hasta qué punto han reconfigurado el tipo de capital político que hoy resulta más rentable. Y es precisamente ese capital —el que ahora premian los algoritmos— el que los nuevos políticos persiguen con creciente interés. Eso no significa que el partido, el territorio, la organización o el programa hayan desaparecido. Significa, más bien, que hoy llegan más lejos quienes logran traducir todo eso al idioma de las plataformas. Y ahí está el problema de fondo: la democracia sigue necesitando representantes, pero el mercado de atención premia cada vez más a los intérpretes. Referencias: Flores, C. (2024, May 23). This Instagram star might soon be mayor of one of Mexico’s wealthiest cities . Rest of World . https://restofworld.org/2024/mexico-monterrey-election-influencer/   Goffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life . Doubleday. Moffitt, B. (2016). The global rise of populism: Performance, political style, and representation . Stanford University Press. Pitkin, H. F. (1967). The concept of representation . University of California Press. Rathje, S., van Bavel, J. J., & van der Linden, S. (2021). Out-group animosity drives engagement on social media. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118 (26), Article e2024292118. https://doi.org/10.1073/pnas.2024292118   Stocking, G., Wang, L., Lipka, M., Matsa, K. E., Widjaya, R., Tomasik, E., & Liedke, J. (2024, November 18). America’s news influencers . Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/journalism/2024/11/18/americas-news-influencers/   Strömbäck, J. (2008). Four phases of mediatization: An analysis of the mediatization of politics. The International Journal of Press/Politics, 13 (3), 228–246. https://doi.org/10.1177/1940161208319097

Hay temas que suelen discutirse mal desde el principio, y OnlyFans es uno de ellos. Se le mira, según el caso, como una degradación evidente o como una prueba automática de emancipación. Pero entre ambas simplificaciones se pierde lo esencial, es decir, aquello que este fenómeno nos revela sobre el cuerpo, el deseo, el mercado y las nuevas formas del poder en la cultura digital. Tomarlo en serio no es exagerado. Según los reportes financieros de Fenix International Limited (2025), empresa matriz de OnlyFans, en 2024 la plataforma procesó más de 7 mil millones de dólares en pagos, albergó 4.6 millones de cuentas creadoras y alcanzó 377 millones de cuentas fans. Dichas cifras confirman que no estamos ante un fenómeno marginal, sino frente a una industria plenamente incorporada a la economía digital contemporánea. Por eso la pregunta relevante no es si una mujer puede ganar dinero con su imagen. Claro que puede. La cuestión es desentrañar qué tipo de libertad es esa y dentro de qué estructura opera. Porque una cosa es reconocer la capacidad de decisión individual y otra muy distinta convertir cualquier elección en prueba suficiente de emancipación. Para pensar el problema con un poco más de rigor conviene partir de una primera distinción: el patriarcado no se entiende aquí como simple retórica, sino como una estructura histórica que ha distribuido de forma desigual prestigio, autoridad, deseo legítimo y valor social del cuerpo femenino. Desde ese marco, el debate sobre OnlyFans no puede reducirse a una celebración acrítica de la elección individual, toda vez que lo importante es preguntarse bajo qué condiciones sociales, culturales y económicas esa elección se vuelve rentable, visible e incluso admirada. Y es que la apariencia innovadora de esta plataforma no debería llevarnos a perder de vista una continuidad de fondo: detrás de ella subsiste un vínculo reconocible con formas históricas de mercantilización sexual. Rosalind Gill (2007) llamó a esto una sensibilidad posfeminista , es decir, un entorno cultural donde la autonomía, la elección y el empoderamiento son exaltados, pero en coexistencia con nuevas formas de autovigilancia, sexualización y disciplinamiento. En esa misma dirección, Delicado-Moratalla y Ortiz-Pérez (2024) han sostenido que el caso de OnlyFans puede leerse como parte de un ciberespacio pornográfico que reproduce viejas relaciones patriarcales mediante infraestructuras tecnológicas nuevas. Y, sin embargo, tampoco sería serio negar la capacidad de decisión de quienes participan en estas plataformas. De hecho, diversos trabajos muestran que muchas mujeres encuentran en espacios como OnlyFans una fuente concreta de ingresos, mayor control sobre su tiempo, una forma de gestionar su imagen y, en algunos casos, una experiencia de autonomía superior a la que les ofrecen otros mercados laborales (Cardoso y Scarcelli, 2022; McCluskey, 2023). En consecuencia, reducirlas automáticamente a víctimas sería intelectualmente pobre y políticamente injusto. Ese es el núcleo de la paradoja: hay decisión, pero condicionada; hay control, aunque relativo y precario; hay ingresos, pero insertos en una estructura profundamente desigual. La autonomía es real, sí, pero no puede analizarse desconectada del mercado que la habilita y al mismo tiempo la limita. Y ese mercado no es neutral ni inocente, dado que está atravesado por jerarquías de género persistentes, lógicas de consumo masculinizadas, desigualdades materiales estructurales y una cultura digital que premia —y a menudo exige— la visibilidad extrema, la exposición constante y la capacidad de convertir la propia intimidad en producto monetizable. Y no hay que perder de vista que OnlyFans es, ante todo, una plataforma. Y eso importa, dado que las plataformas no se limitan a conectar usuarios: intermedian relaciones, fijan reglas, administran visibilidad y extraen valor. Tal como advierte Browne (2021a, 2021b), la supuesta libertad del mercado sexual digital descansa sobre una arquitectura corporativa, financiera y regulatoria que las creadoras no controlan. Esto vuelve especialmente problemática la noción ingenua de empoderamiento. La plataforma sí ofrece dinero, flexibilidad y un margen real de control y decisión; sin embargo, ese margen opera estrictamente dentro de una estructura más amplia que no se disuelve solo porque la mediación sea ahora digital. Lo que cambia no es la lógica de fondo —la desigualdad de poder, la cosificación y la dependencia económica—, sino su forma de gestión. El poder ya no se manifiesta sólo como prohibición o censura externa: aparece también —y con mayor sutileza— como algoritmo que premia o castiga visibilidad, como suscripción que demanda renovación constante, como jerarquías implícitas que premian la hipersexualización y la disponibilidad, como dependencia de pagos irregulares y como presión ininterrumpida por atraer y sostener la mirada del consumidor. A ello se suma algo que con frecuencia se omite: el trabajo invisible. El sentido común imagina OnlyFans como un espacio donde basta con subir contenido y cobrar. La realidad es mucho más densa. Schuchmann (2025), en su estudio sobre trabajo emocional en creadoras alemanas de OnlyFans, muestra que buena parte de la labor cotidiana consiste en gestionar emociones, administrar conversaciones, proyectar cercanía, dosificar intimidad, sostener una narrativa de autenticidad, cuidar fronteras personales, atender mensajes, filtrar interacciones y trabajar permanentemente su marca. Por tanto, lo que verdaderamente se monetiza va más allá del cuerpo. Esa dimensión desplaza el análisis del terreno puramente moral al de la economía política y la cultura digital. Esto va más allá de una simple discusión sobre sexualidad: en el fondo constituye una modalidad de trabajo atravesada por el mercado de la atención, y en este contexto, el lenguaje contemporáneo del empoderamiento se vuelve inevitablemente ambiguo. Aquí conviene recuperar dos advertencias fundamentales. Por un lado, Gill (2007) señala que el lenguaje de la elección y el empoderamiento puede convivir perfectamente —e incluso reforzar— nuevas formas de objetivación y subjetivación sexual en el contexto posfeminista. Por otro, Cardoso y Scarcelli (2022) subrayan que el trabajo sexual(izado) en plataformas digitales se sostiene sobre una inversión material, corporal y afectiva profunda que no se disuelve ni se neutraliza solo porque medie consentimiento explícito. De ahí que no se trate de negar que muchas mujeres puedan resignificar su sexualidad, obtener ingresos importantes o encontrar en estas plataformas una forma de agencia real. Se trata, más bien, de reconocer que el capitalismo digital posee una enorme capacidad para absorber el lenguaje de la autonomía y volverlo compatible con sus propias lógicas de acumulación. Puede incorporar el discurso de la libertad sin dejar de reproducir desigualdades. Puede celebrar la elección individual sin desmontar la lógica estructural que hace rentable la sexualización femenina. Puede ofrecer recursos, flexibilidad y capacidad de decisión, pero al mismo tiempo reforzar la idea de que uno de los caminos más accesibles para obtener visibilidad y dinero en la economía digital sigue siendo convertir el propio cuerpo en activo competitivo. Esta dinámica se agrava por la marcada desigualdad en la distribución de los ingresos. Si bien OnlyFans no publica un desglose oficial por percentiles, analistas de la industria estiman que la concentración es extrema: el 10% superior acapararía alrededor del 73% del dinero generado en la plataforma y el 1% superior, cerca del 33%; a su vez, la cuenta mediana obtendría apenas unos 180 dólares mensuales (Jockel, 2025). Por eso OnlyFans no refuta por sí solo al patriarcado. Pero tampoco puede entenderse únicamente como su repetición mecánica. Lo que hace, más bien, es reconfigurarlo. Lo adapta a una economía donde la intimidad puede monetizarse, donde la validación circula como capital y donde el cuerpo femenino sigue ocupando un lugar privilegiado en la producción de valor. El patriarcado no desaparece: se digitaliza, se estetiza, se vuelve interfaz. Eso obliga a escapar de dos respuestas fáciles. La primera es la condena automática, que reduce todo a degradación moral y cancela la complejidad del fenómeno. La segunda es el entusiasmo ingenuo, que llama empoderamiento a cualquier experiencia de monetización sin detenerse a mirar sus costos, sus dependencias y sus condiciones estructurales. Ninguna de las dos basta. Una mirada feminista más exigente tendría que sostener al mismo tiempo varias verdades incómodas: que hay capacidad real, pero no soberanía plena; que hay ingresos, pero no neutralidad del mercado; que hay control, pero no independencia estructural; que hay libertad, pero una libertad situada, condicionada y absorbida por una economía que sabe convertir incluso la emancipación en mercancía. Tal vez eso sea lo más revelador del caso. OnlyFans no inventó la cosificación, ni la mercantilización del deseo, ni la desigualdad de género. Lo que hizo fue volverlas más eficientes, más medibles y más compatibles con la cultura emprendedora del capitalismo digital. En esa interfaz se cruzan varias narrativas de nuestro tiempo: la autonomía individual, la estética del yo, la precariedad disfrazada de oportunidad, la monetización de la intimidad y la persistencia de un orden que sigue encontrando valor económico en el cuerpo de las mujeres. En ese sentido, la discusión sobre feminismo, patriarcado y OnlyFans no debería resolverse preguntando si la plataforma es “buena” o “mala” para las mujeres en abstracto. La pregunta más útil es otra: quién decide, bajo qué condiciones, para beneficio de quién y con qué costos visibles e invisibles. Sólo así puede pensarse este fenómeno más allá del escándalo o la celebración automática. Después de todo, OnlyFans es más que una simple plataforma de contenido para adultos; es un laboratorio de la economía digital contemporánea, donde se cruzan deseo, desigualdad, mercado, tecnología y poder. Y justamente por eso resulta tan importante discutirlo con más cuidado del que suele permitirse en la conversación pública.   Referencias: Browne, R. (2021a, 20 de agosto).  Porn made OnlyFans a powerhouse. Now it’s banning sexual content after pressure from banks . CNBC. (2021b, 24 de agosto). OnlyFans CEO explains why the site banned porn: “The short answer is banks” . CNBC. Cardoso, D., y Scarcelli, C. M. (2022). The bodies of the (digitized) body: Experiences of sexual(ised) work on OnlyFans. MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, 37 (71), 98–121. Delicado-Moratalla, L., y Ortiz-Pérez, S. (2024). El ciberespacio pornográfico: una reflexión crítica, geográfica y feminista a partir del caso OnlyFans. Feminismo/s , (44), 425–452. Fenix International Limited. (2025, 27 de agosto).  Group of companies’ accounts made up to 30 November 2024  [Resultados financieros]. Companies House. Gill, R. (2007). Postfeminist media culture: Elements of a sensibility. European Journal of Cultural Studies, 10 (2), 147–166. Jockel, J. (2025, 11 de septiembre).  Boom times and total burnout: Three days at Europe’s biggest pornography conference . The Guardian. McCluskey, M. (2023). OnlyFans: The celebritization of online sexual labour. Canadian Graduate Journal of Sociology and Criminology, 6 (1). Schuchmann, S. (2025). ‘I tell them the story that they want to hear that day’: Emotion management, emotional labour, and authenticity as a digital sex worker – the case of OnlyFans. Porn Studies . Advance online publication.

En México hablamos de política todos los días, pero pocas veces nos detenemos a comprenderla. Entre el desencanto, la polarización y la simplificación, hemos terminado por relacionarnos mal con uno de los fenómenos que más condiciona nuestra vida pública... y privada. I. Un país que habla de política, pero la comprende poco En México hablamos de política todos los días, pero rara vez nos detenemos a pensar qué significa realmente. La mencionamos cuando hay elecciones, cuando estalla un nuevo escándalo, cuando una reforma divide a la opinión pública, cuando un gobierno decepciona o cuando un partido confirma aquello que ya sospechábamos de él. La política aparece en la conversación cotidiana casi siempre bajo la forma del hartazgo, la sospecha o el meme. Pocas veces como objeto de comprensión; casi siempre como motivo de fastidio. No es difícil entender por qué. Nuestra historia pública ha dejado demasiadas razones para desconfiar. Durante décadas, el poder político en México se asoció menos con la deliberación democrática que con la subordinación y la cultura del "dedazo". El viejo régimen priista no solo organizó elecciones; organizó también una cultura política marcada por la obediencia, la simulación y la idea de que el poder no debía explicarse, sino administrarse desde arriba. Aun después de la alternancia, muchas de esas inercias no desaparecieron del todo. Cambiaron los actores, cambiaron los lenguajes, cambiaron las expectativas, pero no se extinguió esa vieja costumbre nacional de mirar la política como un terreno opaco, capturado por élites, facciones o intereses que rara vez coinciden con el bien público. A esa memoria histórica se sumaron después otros episodios que profundizaron el desencanto: elecciones cuya legitimidad fue impugnada en la plaza pública, reformas defendidas sin suficiente pedagogía cívica, redes de corrupción que exhibieron la distancia entre discurso y gobierno, violencias que revelaron la fragilidad del Estado, partidos que privilegiaron con demasiada frecuencia la lógica electoral por encima de la representación efectiva, y una conversación pública cada vez más colonizada por la polarización. Entre el cinismo heredado y la estridencia contemporánea, México ha ido formando una relación profundamente defectuosa con la política: la padece, la comenta, la consume, pero pocas veces la comprende. II. Antes de criticarla, conviene definirla Y, sin embargo, la política sigue ahí, ordenando nuestras posibilidades de vida. Está en el presupuesto que se aprueba o se mutila, en la escuela que educa o se desmorona, en la carretera que conecta o se olvida en el abandono, en la seguridad que se promete o se evade, en la justicia que llega a tiempo o se convierte en privilegio, en la forma en que se regula —o se deja desbocado— el poder económico, en cómo se escucha a las mayorías y en cómo se protege —o se ignora— a las minorías. La política no es un espectáculo lejano que consumimos en pantallas o memes . La política no es un espectáculo que ocurre lejos de nosotros. Es el entramado de decisiones, conflictos, instituciones y relaciones de autoridad que cruza, moldea y a veces asfixia la vida en común. Por eso conviene empezar por una pregunta elemental: ¿qué es la política? La respuesta no es tan simple como el uso cotidiano del término sugiere. Con frecuencia se la reduce a la lucha electoral, a la actividad de los partidos, a la ambición por los cargos o al repertorio más visible del poder. Pero esa es solo la superficie, el espectáculo que distrae. Una definición más honesta y rigurosa nos obliga a bajar al fondo. La política es, ante todo, la actividad humana mediante la cual una sociedad organiza el poder, gestiona sus conflictos y toma decisiones colectivas sobre lo que nos toca a todos. Es el espacio —o el mecanismo— donde se decide quién ejerce el mando, bajo qué reglas lo ejerce, en nombre de quién lo hace y hasta dónde llegan sus límites. Donde se resuelve (o se pospone, o se ignora) la pregunta de cómo distribuir la autoridad, los recursos y la justicia en una comunidad que, inevitablemente, está dividida por intereses, valores y memorias distintas. Allí donde hay poder que se ejerce sobre otros, reglas que lo encauzan o lo desbordan, y decisiones que afectan la vida en común —allí hay política, aunque no haya elecciones ni discursos en el Zócalo. Es el arte (o la técnica, o la tragedia) de convivir con el desacuerdo sin que se convierta en guerra abierta; de convertir la pluralidad en algo habitable, no en caos. Vista de ese modo, la política no empieza en la campaña ni termina en la jornada electoral. Tampoco se agota en el Congreso, en el Ejecutivo o en los partidos: reducirla a ello es como reducir la medicina a los hospitales: útil, pero incompleto. La política no empieza ni termina en el Palacio Nacional o en el INE; empieza en cada punto donde se negocia, se impone o se comparte el poder que sostiene (o asfixia) nuestra existencia compartida. III. El poder, la autoridad y las decisiones colectivas No es casual que algunos de los grandes autores de la ciencia política hayan intentado capturar esa complejidad desde distintos ángulos. En Max Weber (2021), la política está ligada al poder y, en particular, a la posibilidad de influir en la dirección de una comunidad política. En Harold Lasswell (1936), se expresa en una pregunta tan sobria como decisiva: quién obtiene qué, cuándo y cómo. En David Easton (1969), la política remite a la asignación autoritativa de valores dentro de una sociedad, lo que equivale a decir que toda comunidad necesita mecanismos para decidir qué prioridades prevalecen, qué intereses se imponen y qué cursos de acción adquieren obligatoriedad. Distintas formulaciones, sí, pero una intuición común: la política trata del poder, de su distribución, de sus reglas y de sus efectos. Ahora bien, si la política es eso, entonces uno de nuestros principales problemas como sociedad consiste en que nos relacionamos mal con ella. En México, por ejemplo, hemos oscilado con frecuencia entre dos errores igualmente estériles: la ingenuidad y el cinismo. A veces se mira la política como si todo dependiera de la voluntad moral de una sola figura providencial; otras, como si todo fuera suciedad inevitable y no hubiera diferencia posible entre instituciones, decisiones o proyectos. En el primer caso, se idealiza el poder. En el segundo, se renuncia a comprenderlo. Ambos extremos empobrecen la vida pública. IV. México y su mala relación con el fenómeno político Nuestra historia reciente ofrece ejemplos suficientes de esa dificultad. Durante mucho tiempo, el presidencialismo fue concebido como principio ordenador de la vida política nacional. La concentración del poder en la figura presidencial produjo estabilidad, sí, pero también una cultura de subordinación institucional que debilitó contrapesos. Más tarde, la transición democrática abrió cauces de pluralidad y alternancia, pero no logró por sí sola producir una ciudadanía plenamente politizada en el mejor sentido del término. Lo que apareció, muchas veces, fue una combinación extraña: más competencia electoral, pero no necesariamente mayor comprensión del funcionamiento del poder. De ahí que todavía hoy persistan hábitos profundamente nocivos. Se confunde mayoría con unanimidad moral. Se interpreta el triunfo electoral como cheque en blanco. Se desprecia la importancia de las instituciones cuando estorban al proyecto propio, pero se les invoca cuando protegen del adversario. Se exige legalidad al contrario y flexibilidad para los cercanos. Se denuncia el clientelismo, pero se normaliza cuando sirve a la causa preferida. Se condena la concentración del poder hasta que la concentra alguien con quien se simpatiza. En otras palabras: no pocas veces nuestra relación con la política sigue siendo facciosa antes que republicana. A ello se suma un deterioro profundo y casi imperceptible del espacio público. Las redes sociales, que en su promesa inicial parecían llamadas a ampliarlo —a democratizar la palabra, a multiplicar voces marginadas, a convertir cada pantalla en una plaza digital de deliberación—, han terminado, en buena medida, por degradarlo. Hoy premian lo que el algoritmo valora más: la simplificación brutal, la consigna que cabe en un tuit, la indignación que se enciende en segundos y se apaga igual de rápido, el juicio sumario sin matices ni contexto. Lo que gana visibilidad no es el argumento sólido ni la reflexión pausada, sino la frase que provoca rabia inmediata, el meme que humilla, el ataque que viraliza. En lugar de fomentar el intercambio racional y el encuentro con lo distinto, las plataformas han construido cámaras de eco donde la gente se atrinchera con los suyos, amplificando sesgos, radicalizando posturas y convirtiendo el desacuerdo en guerra de trincheras digitales. La política se reduce a bandos irreconciliables, a likes como votos de aprobación moral, a cancelaciones como sustituto de la argumentación. Cada hecho parece exigir una adhesión automática o un rechazo absoluto. Se premia la reacción, no la reflexión. Se valora la identidad del emisor por encima de la solidez del argumento. En ese ambiente, el análisis pierde terreno frente a la arenga, y la política termina reducida a una sucesión de estímulos emocionales. Y mientras tanto, la deliberación verdadera —esa que requiere tiempo, escucha, concesiones y algo de humildad— migra a rincones cada vez más privados, o simplemente se extingue. V. La política y lo político Aquí conviene introducir una distinción importante: no es lo mismo la política que lo político. La primera remite al conjunto de instituciones, reglas y procedimientos mediante los cuales se organiza el poder en una comunidad. Lo segundo alude a una dimensión más profunda: la del conflicto, la pluralidad, la diferencia y la disputa por definir el sentido del orden común. Esta distinción permite entender algo decisivo: los desacuerdos no son una anomalía del sistema político, sino una condición constitutiva de toda sociedad. El problema no es que existan conflictos, sino la manera en que una comunidad los procesa. Una democracia madura no elimina el conflicto; lo encauza institucionalmente. Desde esa perspectiva, entender la política importa porque es una forma de salir de la superficie. Nos obliga a mirar más allá del escándalo, del personaje o del eslogan para preguntarnos por las estructuras, los incentivos, las reglas y las relaciones de fuerza que hacen posible una decisión pública. Importa porque nos enseña a distinguir entre representación y propaganda, entre legitimidad y popularidad, entre poder formal y poder real, entre voluntad política y capacidad estatal. Importa, en suma, porque sin comprensión del poder no puede haber ciudadanía robusta. VI. Comprender para no solo padecer Esto es particularmente relevante en un país como el nuestro, donde la conversación pública suele oscilar entre la desconfianza generalizada y la adhesión acrítica. Cuando la ciudadanía no entiende cómo operan las instituciones, queda más expuesta a la manipulación. Cuando todo se reduce a filias y fobias, se pierde de vista lo esencial: que los problemas públicos no se resuelven solo con narrativas, sino con diseños institucionales, incentivos adecuados, capacidades administrativas y controles efectivos sobre el poder. Una sociedad que no entiende políticamente sus problemas acaba por moralizarlos en exceso o por banalizarlos por completo. Entender la política, por tanto, no significa militar automáticamente ni convertir cada tema en una trinchera ideológica. Significa desarrollar una forma más exigente de mirar la vida pública. Significa aprender a preguntar quién decide, cómo decide, con qué recursos, bajo qué límites, con qué consecuencias y en beneficio de quién. Significa advertir que detrás de cada reforma, de cada presupuesto, de cada coalición, de cada nombramiento y de cada crisis institucional hay una trama de poder que debe ser interpretada, no solo padecida. Tal vez ahí radique una de las carencias más profundas de nuestro tiempo. Nos sobra información, pero nos faltan categorías. Nos sobran opiniones, pero nos faltan criterios. Nos sobran posicionamientos, pero nos falta comprensión. Y esa escasez interpretativa no es un problema menor: deteriora el juicio ciudadano, debilita la deliberación democrática y facilita que el poder se ejerza sin suficiente escrutinio. Donde el análisis retrocede, la propaganda avanza. VII. El sentido de este espacio Por eso entender la política es hoy más importante que nunca. No porque debamos vivir obsesionados con ella, sino porque ignorarla no la vuelve menos decisiva. Al contrario: cuando dejamos de observar el poder, el poder sigue actuando. Lo hace en el presupuesto, en la ley, en la burocracia, en la justicia, en la seguridad, en los medios, en los territorios y en las instituciones que median —o deforman— nuestra vida común. La política no desaparece porque renunciemos a pensarla; simplemente se vuelve más difícil de controlar. Apuntes Críticos nace precisamente de esa convicción. De la idea de que pensar la política con seriedad sigue siendo una tarea cívica e intelectual indispensable. De la necesidad de abrir un espacio que no parta del ruido, sino de la pregunta; no de la consigna, sino del análisis; no de la estridencia, sino del esfuerzo por comprender. Un espacio para volver sobre conceptos, revisar procesos, discutir instituciones, leer coyunturas y recordar que detrás de cada episodio público hay algo más profundo en juego: la forma en que una sociedad organiza su poder y, con ello, su destino común. Pensar políticamente no resolverá por sí solo los problemas del país. Pero renunciar a entender la política casi siempre empeora nuestra relación con ellos. Y México, acaso como pocas sociedades, conoce bien el costo de dejar el poder en manos de quienes prefieren que no se le mire demasiado de cerca. Finalmente... En un país acostumbrado a hablar de política desde el enojo, la sospecha o la consigna, comprenderla ya es una forma de resistencia. No para idealizar el poder, sino para mirarlo con menos ingenuidad. No para volver solemne la conversación pública, sino para devolverle profundidad. No para hablar más de política, sino para empezar, por fin, a entenderla mejor. Referencias: Easton, D. (1969). Esquema para el análisis político . Amorrortu. (Obra original publicada en 1965). Lasswell, H. D. (1936). Politics: Who gets what, when, how . McGraw-Hill. Weber, M. (2021). El político y el científico  (J. Abellán, Trad.). Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1919).