La reforma que no pasó: quién gana y quién pierde tras el primer gran revés legislativo de Sheinbaum

La caída de la reforma electoral exhibió la primera gran fisura visible de la coalición gobernante y abrió una nueva disputa por el control de la narrativa rumbo a 2027.

Aunque la caída de la reforma electoral no representa el primer revés legislativo de la presidenta Claudia Sheinbaum —ya había experimentado un tropiezo parcial con su iniciativa contra el nepotismo, que terminó modificada y pospuesta—, sí constituye su derrota más contundente hasta ahora. Y es que la propuesta no logró la mayoría calificada requerida en el Congreso (259 votos a favor, 234 en contra y 1 abstención), lo que evidenció que su liderazgo, pese a su fuerza política, no se traduce automáticamente en disciplina ni cohesión total dentro de su propio bloque parlamentario.

No obstante, desde antes de la votación, la presidenta ya había construido una salida narrativa. Su fórmula fue clara: “yo cumplí”. Con ello, colocó la responsabilidad del desenlace en los partidos y en los legisladores, no en el Ejecutivo. Al mismo tiempo, comenzó a perfilarse la posibilidad de un "Plan B" por la vía de las leyes secundarias, una ruta que permitiría al oficialismo mantener viva parte de su agenda aunque no hubiera reforma constitucional.

La gran pregunta es quién capitaliza realmente este episodio

Los beneficiarios inmediatos son, desde luego, el Partido de Trabajo (PT) y el Verde Ecologista (PVEM). Ambos dejaron claro que, cuando se trata de reformas constitucionales, no son simples acompañantes de Morena, sino actores con capacidad real de bloqueo.

Autores como George Tsebelis (2002) han advertido que cuando uno de los socios de la coalición controla los votos que faltan para alcanzar la mayoría calificada, adquiere un poder de negociación desproporcionado, lo que puede encarecer significativamente el costo político de cualquier acuerdo. Eso es exactamente lo que sucedió en el reciente episodio de la reforma electoral: el PT y el PVEM ejercieron su capacidad de veto, demostrando que su apoyo no es incondicional y que tiene un precio y condiciones claras.

Morena pierde la votación, pero no necesariamente pierde toda la jugada

En el plano formal, Morena pierde. La reforma no pasó, el oficialismo sufrió un revés visible y la narrativa de control total sobre el Congreso quedó debilitada. Sin embargo, esa derrota puede ser parcialmente amortiguada si el oficialismo logra mover el conflicto a otro terreno: el de las leyes secundarias, donde la dependencia respecto de los aliados disminuye y la mayoría simple resulta suficiente. Esa es, en esencia, la lógica del anunciado "Plan B".

La incógnita está en si ese "Plan B" tendrá suficiente alcance político sin invadir materias que, por su naturaleza, pertenecen al ámbito constitucional. Si el plan alterno es demasiado modesto, podría parecer insuficiente; si es demasiado agresivo, podría detonar una nueva oleada de litigios y acusaciones de atajo institucional.

Sheinbaum pierde en el Congreso, pero conserva margen para ganar en la narrativa

Sería exagerado decir que la presidenta sale fortalecida sin matices. Pero también sería impreciso presentar lo ocurrido como una derrota pura y simple. Lo que Sheinbaum pierde en el terreno legislativo inmediato, puede intentar recuperarlo en el plano discursivo. Su encuadre de “yo cumplí” le permite presentarse como la titular del Ejecutivo que impulsó una agenda de cambio, mientras otros actores —incluidos sus propios aliados— aparecen como responsables de haberla frenado.

Ese movimiento le da una ventaja relativa, pues desplaza la discusión del fracaso parlamentario hacia la disputa por el significado político del episodio. Ya no se trataría sólo de que la reforma no pasó, sino de quién quedó del lado del cambio y quién del lado de la preservación de las reglas existentes. En términos de comunicación política, esa no es una diferencia menor.

La Suprema Corte: la otra gran incógnita

La caída de la reforma también trasladó parte de la incertidumbre al Poder Judicial. Si Morena opta por un "Plan B", el oficialismo podría reducir sus puntos de veto en el Congreso, pero abriría un nuevo frente ante la Suprema Corte. El antecedente pesa inevitablemente: el plan electoral de López Obrador de 2022-2023 fue invalidado en buena parte por el máximo tribunal, tanto por su contenido como por vicios del procedimiento legislativo. Ese precedente está muy presente en la conversación pública actual.

La diferencia es que hoy el contexto institucional ya no es exactamente el mismo, y ahí aparece una duda políticamente decisiva: nadie sabe con certeza hasta dónde llegará la disposición de la Corte para frenar una nueva avanzada electoral del oficialismo. Por eso, la ruta del "Plan B" es —además de una puesta legislativa— una apuesta sobre el comportamiento futuro del control constitucional.

Eso vuelve más compleja la lectura del episodio. La verdadera batalla podría librarse en la interpretación constitucional de los límites de una reforma secundaria en materia electoral. En otras palabras, el "Plan B" reduce los puntos de veto parlamentario, pero traslada la incertidumbre a la Corte. Y eso introduce una variable de enorme peso en el cálculo político de todos los actores involucrados.

El mediano plazo dependerá menos de la votación de hoy que de la narrativa que prevalezca mañana

De aquí a 2027, el desenlace real dependerá de cómo cada actor procese el episodio. Si Morena logra construir un "Plan B" con elementos políticamente defendibles —por ejemplo, regulación de inteligencia artificial, ajustes de fiscalización, mayor velocidad en cómputos o mecanismos operativos de control— y evita que ese movimiento sea leído como una maniobra autoritaria, entonces Sheinbaum podría convertir este revés en una prueba de pragmatismo y capacidad de reconducción.

Pero si dentro del oficialismo escala el lenguaje de la deslealtad o la traición, la situación puede volverse más costosa. PT y PVEM podrían utilizar este episodio para renegociar con más fuerza su posición dentro de la coalición, elevar el precio de futuras alianzas o incluso insinuar mayores márgenes de autonomía rumbo a 2027. En ese escenario, la gobernabilidad legislativa seguiría dependiendo de ellos, pero el costo político de mantenerlos cerca sería mucho mayor.

La oposición, por su parte, obtiene una victoria concreta: logró frenar una reforma constitucional impulsada desde el poder. Sin embargo, esa ganancia no está libre de riesgos. Si el oficialismo consigue instalar la idea de que lo que se defendió fue el statu quo, los privilegios del sistema o ciertos mecanismos de representación cada vez más cuestionados, entonces la oposición puede haber ganado la votación, pero no necesariamente el sentido político de la victoria.

Tres escenarios plausibles hacia adelante

1. Un "Plan B" acotado y negociado: Morena impulsa sólo cambios operativos por la vía secundaria y evita tocar el núcleo constitucional del sistema electoral. Sería la ruta menos conflictiva: reduce el riesgo jurídico, baja la intensidad del choque político y permite a PT y PVEM volver a acercarse sin pagar un costo demasiado alto.

2. Un "Plan B" expansivo y judicializado: el oficialismo intenta modificar, por vía secundaria, aspectos que rozan el corazón constitucional del sistema. Eso trasladaría el conflicto del Congreso a los tribunales y convertiría la discusión en una batalla sobre los límites del poder legislativo y la interpretación constitucional.

3. Un reacomodo de coalición rumbo a 2027: Morena utiliza la derrota como palanca para replantear su relación con los aliados. Puede optar por conceder para conservar la coalición o por endurecer su posición y explorar una mayor autonomía. El problema es que este episodio ya dejó una lección muy clara: sin aliados, la mayoría calificada se vuelve inalcanzable; con aliados, el costo político de gobernar aumenta.

Los riesgos que deja esta derrota

El primero es el del doble mensaje. Por un lado, el oficialismo intenta transmitir que no hay ruptura. Por el otro, surgen expresiones, reproches y gestos internos que apuntan exactamente en sentido contrario. Esa ambivalencia puede minar la confianza entre socios y dificultar la cooperación futura.

El segundo es el riesgo de judicialización. Si el "Plan B" es percibido como una forma de recuperar por vía secundaria lo que no se consiguió por la vía constitucional, la disputa no terminará en el Congreso, sino que continuará en los tribunales, con la Suprema Corte convertida en árbitro decisivo.

El tercero es el más profundo: el de una erosión progresiva de la imagen de control presidencial sobre la coalición gobernante. Una derrota aislada puede administrarse. Una secuencia de fracturas, en cambio, puede reconfigurar por completo la percepción del poder.

Conclusión

La reforma electoral no cayó únicamente porque faltaron votos. Cayó porque quedó al descubierto que la coalición oficialista ya no funciona como una unidad automática. En lo inmediato, PT y PVEM ganan capacidad de presión; Morena sufre una derrota legislativa visible, pero conserva margen para reorientar su estrategia; y Sheinbaum, aunque golpeada en el Congreso, todavía puede intentar convertir ese revés en una ganancia narrativa y táctica.

La votación cerró una etapa, pero abrió otra más importante: la de la renegociación del poder dentro de la coalición gobernante. Y ahora debe añadirse una segunda incógnita: qué tan lejos llegará el "Plan B", y qué hará la Suprema Corte si ese nuevo intento termina cruzando la frontera de lo constitucionalmente permitido. Esa pregunta puede resultar tan importante como la votación misma para definir el equilibrio político de los próximos años.

Referencias:

• Tsebelis, G. (2002). Veto players: How political institutions work. Princeton University Press.